LA ECONOMÍA PERONISTA

El Peronismo - Felipe Pigna - Ver la Historia 1943-1955

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LA CRÍTICA DE KEYNES A LA LEY DE SAY

“La oferta crea su propia demanda”               Por Rubén Telechea *

Jean-Baptiste Say fue un economista francés (1767-1832) que divulgó la obra fundacional de la economía política clásica, Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones (1776) del filósofo y economista escocés Adam Smith. Say pasará a la historia del pensamiento económico por la teorización de un principio que se revela fundamental para la posterior construcción de la economía ortodoxa o neoliberal, la “ley de los mercados” o “ley de Say”). Se la puede resumir en la siguiente sentencia: “la oferta crea su propia demanda”. Esta afirmación equivale a sostener que una venta (oferta) es sucedida indefectiblemente por una compra (demanda) o, que la oferta iguala a la demanda. Así se está ante un mundo inmejorable para los capitalistas porque la producción es efectivamente vendida. A partir de este aparente virtuosismo económico se puede extraer algunas consideraciones.

Primero, el principio de Say funciona como una garantía que imposibilita la aparición de crisis económicas porque todo bien ofertado en el mercado es vendido o consumido. Asimismo, certifica un estado de “equilibrio” económico debido a que las ventas proporcionan los ingresos para aceitar la acumulación capitalista. Entonces, si todo el volumen producido es consumido, tampoco pueden presentarse una situación de crisis o estancamiento. En definitiva, si se presentasen problemas económicos estos serán automáticamente atribuidos a “interferencias” vinculadas al intervencionismo estatal. Este rasgo explicaría las propuestas políticas de minimización y recorte de funciones del Estado.

Segundo, el desempleo no puede darse porque por definición la “ley de Say” supone que los compradores satisficieron sus deseos y que los vendedores maximizaron sus beneficios. De allí que, para la lógica ortodoxa, esta ley represente un supuesto fundamental articulando mercados libres cristalinos con pleno empleo. En este sentido, la ley no plantea la cuestión distributiva, es más, brinda un escenario donde la sociedad pareciese no tener ningún tipo de tensión entre clases porque sus relaciones están dominadas por las virtudes innatas del “mercado”.

Pero quizás la crítica al principio de Say más resonada fue la de Keynes. Sus observaciones, originadas en vistas de una profunda depresión y desempleo, marcaron un punto de inflexión en la teoría económica. Pero, si los lineamentos de la ley garantizaban la imposibilidad de crisis ¿qué falló? Según Keynes, fracasó toda la estructura teórica ortodoxa dominante de la cual la “ley de Say” era un bastión esencial. En la Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero (1936) sostiene que “sus enseñanzas engañan y son desastrosas si intentamos aplicarla a los hechos reales”. Desde esta óptica, intentó replantear la teoría ortodoxa inaugurando una nueva línea de pensamiento que se conoció como teoría de la “demanda efectiva”.

Para Keynes era evidente que todo el volumen de producción no puede ser vendido o demandado porque existen decisiones de los agentes económicos que tienden a romper la igualdad de oferta y la demanda. Sentenció que una situación de equilibrio general solo podía darse “por accidente o por designio”. En resumen, no todo el arsenal de bienes que produce la economía puede venderse provocando crisis capitalistas recurrentes.

Después de esbozar estas críticas surge una pregunta: ¿por qué sobrevive velada o explícitamente el principio de Say en los discursos de políticos, economistas y empresarios vinculados al neoliberalismo? ¿Por qué sigue vigente hasta nuestros días si empíricamente no puede sostenerse? ¿Por qué nos bombardean con las supuestas bondades del mercado libre donde, sin intromisión del Estado, oferta y demanda siempre se igualarán? Perdura porque la ortodoxia necesita imperiosamente del principio de Say para legitimar sus políticas en pos de una economía de mercado.

* Docente UNLZ y UNQ.

rtelechea@gmail.com

 Domingo, 18 de septiembre de 2016 

Las grandes huelgas (autor: Felipe Pigna)

Una de las primeras huelgas concretadas en el territorio argentino se produjo en 1868. En plena Guerra del Paraguay un grupo de trabajadores de distintos astilleros de la provincia de Corrientes se negó a construir embarcaciones destinadas a las fuerzas de la Triple Alianza argumentando que no contribuirían a la matanza de sus hermanos. Diez años más tarde, se produjo la primera huelga declarada por un gremio argentino. Los tipógrafos estaban organizados desde 1857 en la Sociedad Tipográfica Bonaerense, la sociedad tenían un carácter más mutualista que sindical y decidieron fundar a fines de 1877 la Unión Tipográfica Bonaerense, que será la que llevará adelante, entre septiembre y octubre de 1878, esta primera medida de fuerza del movimiento obrero organizado. El origen del conflicto fue la decisión de una imprenta de rebajar los salarios de su personal. La iniciativa fue seguida por otras empresas y los trabajadores reaccionaron convocando a una asamblea de la que participaron más de mil trabajadores que se pronunciaron por la huelga. Dalmacio Vélez Sarsfield, el autor del Código Civil, escribió en El Nacional: "El socialismo usa las huelgas como instrumento de perturbación, pero el socialismo no es una necesidad en América. No se pueden admitir las huelgas porque eso significaría subvertir las reglas del trabajo. Mientras duró el conflicto, los diarios menos importantes dejaron de publicarse y los más grandes, como La Prensa y El Nacional, intentaron contratar tipógrafos en el Uruguay, pero se encontraron con la firme solidaridad de los trabajadores afiliados al gremio de Montevideo que se negaron, pese a los elevados sueldos ofrecidos, a reemplazar a sus compañeros argentinos. La huelga fue ganada por los obreros y las patronales aceparon volver a los sueldos originales y reducir la jornada laboral a 10 horas en invierno y 12 en verano. Luego de esa primera experiencia le sucedieron los obreros cigarreros, empleados de comercio, oficiales albañiles, yeseros, carteros, etc. Sus reivindicaciones en esos conflictos fueron comunes: aumento salarial, pagos atrasados, reglamentación de horarios u otras vinculadas a las condiciones de trabajo. Y en esta primera etapa fueron exitosas un 60% de las huelgas y prácticamente no intervino el estado para mediar o limitar el conflicto. Esto se explica porque la incipiente burguesía industrial no pertenecía a la fracción de la burguesía terrateniente que detentaba el poder. Por ello los industriales fundaron en 1887 la Unión Industrial, para defender sus intereses, y establecieron para ello no reconocer a las organizaciones obreras y solicitaron al poder ejecutivo que no acepte exigencias colectivas de obreros de uno o más talleres. La década del ’80 fue una de las de más alto índice de ingresos de inmigrantes al país. Junto con los trabajadores desocupados y los campesinos desplazados de sus tierras, fueron llegando al puerto de Buenos Aires notables dirigentes del anarquismo y del socialismo que huían de las persecuciones de los diferentes gobiernos europeos. Traían consigo su experiencia sindical y política que compartirían generosamente con los integrantes del incipiente movimiento obrero argentino. Entre 1880 y 1901 se multiplican las sociedades de resistencias, se fundan numerosos gremios, como el de los panaderos, los carreros, conductores de ferrocarril y cigarreras entre otros. Florece la prensa obrera con sus dos grandes exponentes La Vanguardia, el periódico socialista fundada en 1894 y La Protesta, la voz de los anarquistas que comienza a editarse en 1897, y Juan Bautista Justo funda el Partido Socialista. Hacia 1899 lo novedoso fue la existencia de un desarrollo fabril creciente, que fue concentrando la mano de obra en grandes talleres y fábricas, facilitando la organización de los trabajadores. El crecimiento de la actividad gremial y de la agitación obrera podían percibirse en la gran cantidad de medidas de fuerza y movilizaciones llevadas adelante por los trabajadores, que comenzaron a pensar en una central sindical que unificara y le diera más fuerza a la lucha de la clase obrera en su conjunto. La idea se concretó en mayo de 1901 con la creación de la Federación Obrera Argentina, la F.O.A.,. que nucleaba a la mayoría de los gremios del país. El gobierno del general Roca comenzó a preocuparse y promovió la aprobación de un proyecto de Ley, presentado en 1899 por el senador Miguel Cané. El 22 de noviembre de 1902 fue aprobada la iniciativa del autor de Juvenilia y transformada en la Ley 4144, conocida como "de residencia". Esta norma legal permitía la expulsión hacia sus países de origen de los extranjeros llamados "indeseables", es decir, los militantes sindicales y sociales. El ministro del interior Joaquín V. González declaró que la agitación social en argentina "era producto de un par de docenas de agitadores de profesión", y que "bastaba eliminar a éstos para volver a la sociedad a la tranquilidad merecida". El movimiento obrero reaccionó enérgicamente y decretó a principios de noviembre de 1902 a través de la F.O.A., la primera huelga general de la historia argentina. Los socialistas se opusieron a la medida por considerar que la huelga general era un acto desmesurado y que bloqueaba cualquier posible negociación. Esto provocó la fractura de la central sindical. La F.O.A. continuó en manos anarquistas y los socialistas fundaron la U.G.T. (Unión General de Trabajadores). La primera de estas agrupaciones representó a 66 sindicatos con 33.895 afiliados y la segunda a 43 gremios con 7.400 afiliados. Pese a todo, el acatamiento a la medida fue muy amplio y los puertos y numerosos establecimientos fabriles quedaron paralizados. El gobierno respondió decretando el estado de sitio, desatando una violenta represión y lanzando una gigantesca redada sobre las barriadas obreras. A los detenidos argentinos se los encarceló y a los extranjeros se les aplicó la flamante Ley de Residencia. En 1904 la F.O.A. pasó a denominarse Federación Obrera Regional Argentina (F.O.R.A.). La F.O.R.A. convocó el primero de mayo de ese año a un acto conmemorativo del 1º de Mayo en la Plaza Mazzini. A poco de iniciada la marcha de las principales columnas que partían del local sindical, se inició la represión policial que arrojará un saldo de casi 40 muertos. Las dos centrales sindicales decretaron la huelga general pidiendo el encarcelamiento de los responsables. Ante el silencio oficial, el recientemente electo diputado socialista, Alfredo Palacios interpeló al ministro del Interior, Joaquín V. González quien dio por toda explicación que esas muertes "tienen como mortaja la impunidad del silencio". Al año siguiente, se produjo la intentona revolucionaria radical y el gobierno decretó el estado de sitio en todo el país. Esto no amilanó a las centrales sindicales que decidieron conmemorar en forma conjunta un nuevo aniversario del ahorcamiento de los mártires de Chicago, ocurrido el 1º de mayo de 1886. El acto se realizó frente al Teatro Colón. Mientras estaban haciendo uso de la palabra los oradores, el jefe de Policía, Ramón Lorenzo Falcón, lanzó un escuadrón de 120 policías a caballo, los famosos cosacos, contra la multitud, mientras que un escuadrón de bomberos policiales atacó por otro frente. Sobre la plaza Lavalle quedaron tendidos 4 muertos y más de 50 heridos. Los detenidos se contaban por centenas. Pese a la represión, los despidos arbitrarios y la estricta aplicación de la Ley de Residencia, crecieron las luchas obreras. En 1907 se dio una novedosa huelga de los inquilinos. Los habitantes de los conventillos de Buenos Aires, Rosario, La Plata y Bahía Blanca decidieron no pagar sus alquileres frente al aumento desmedido aplicado por los propietarios. La protesta expresó además, el descontento por las pésimas condiciones de vida en los inquilinatos. Los protagonistas de estas jornadas fueron las mujeres y los niños que organizaron multitudinarias marchas portando escobas con las que se proponían barrer la injusticia. La represión policial no se hizo esperar y comenzaron los desalojos. En la Capital estuvieron a cargo del jefe de Policía, coronel Falcón, quien desalojó a las familias obreras en las madrugadas del crudo invierno de 1907 con la ayuda del cuerpo de bomberos. El gremio de los carreros se puso a disposición de los desalojados para trasladar a las familias a los campamentos organizados por los sindicatos anarquistas. Si bien los huelguistas no lograron su objetivo de conseguir la rebaja de los alquileres, este movimiento representó un llamado de atención sobre las dramáticas condiciones de vida de la mayoría de la población. E 1º de mayo de 1909 se convocaron dos actos: uno por la F.O.R.A., en Plaza Lorea y otro por el Partido Socialista, en Plaza Constitución. El primero de ellos fue duramente reprimido en un operativo a cargo del jefe de Policía, el coronel Lorenzo Falcón: hubo doce muertos y más de 80 heridos. Como consecuencia de los hechos del 1º de mayo de 1909, la F.O.R.A., la U.G.T. y otros sindicatos constituyeron el Comité Central de Huelga y declararon "la huelga general por tiempo indeterminado a partir del lunes 3 y hasta tanto no se consiga la libertad de los compañeros detenidos y la apertura de los locales obreros" y aconsejaron “muy insistentemente a todos los obreros que a fin de garantizar el mejor éxito del movimiento se preocupen de vigilar los talleres y fábricas respectivas, impidiendo de todas maneras la concurrencia al trabajo de un solo operario". Así se inició la "semana roja": 60 mil personas acompañaron los féretros de los obreros asesinados hasta el cementerio de la Chacarita y fueron duramente reprimidos por la policía. Ese día más de 220 mil abandonaron su lugar de trabajo en todo el país, las fábricas cerraron el puerto inactivo y los ferrocarriles quedaron inactivos. Durante toda esta "Semana Roja" la huelga fue total, pese a lo cual el gobierno ignoró todos los reclamos y confirmó a Falcón en su cargo. Pocos meses después, Falcón sería asesinado por un anarquista ruso de sólo 17 años: Simón Radowitzky. Tras el atentado, el gobierno decretó el estado de sitio y detuvo a dirigentes obreros. Grupos de jóvenes de la oligarquía al grito de "viva la patria" atacaron e incendiaron locales obreros y las imprentas de La Protesta y La Vanguardia. En mayo de 1910, la oligarquía celebró el centenario de la Revolución de Mayo. Se organizaron grandes desfiles y una exposición universal. La famosa bailarina Isadora Ducan bailó el himno Nacional con la bandera argentina por todo vestuario. Se cursaron invitaciones a todos los reyes y gobernantes del mundo occidental pero sólo aceptó el convite la Infanta Isabel de España. La clase dirigente quería exhibir los avances del granero del mundo. El movimiento obrero advirtió la gran trascendencia de los festejos y aprovechó su repercusión en la prensa internacional para dar a conocer la real situación de los habitantes del país. La F.O.R.A. anarquista lanzó una huelga general para la semana de mayo y realizó una manifestación que reunió a 70.000 personas frente a la penitenciaría de la calle Las Heras. La gente pidió la liberad de los presos sociales, entre ellos, Simón Radowitzky. El gobierno de Figueroa Alcorta decretó nuevamente el estado de sitio y sancionó la Ley de Defensa Social, que limitaba seriamente la actividad sindical prohibiendo el ingreso de extranjeros que hubieran sufrido condenas, y prohibiendo también la propaganda anarquista. Se estableció que para realizar actos se debía solicitar permiso a la autoridad y los que no lo hiciesen podrían ser encarcelados hasta un año. Pese a la dura represión, los fastuosos festejos del centenario se vieron afectados por numerosas huelgas y actos de sabotaje llevados adelante por los anarquistas. La respuesta no se hizo esperar. Grupos nacionalistas que actuaban con total impunidad atacaron locales y bibliotecas obreras y hasta incendian el circo de Frank Brown. El gran payaso norteamericano había instalado su carpa en Florida y Paraguay. Los "pitucos" decían que afeaba la ciudad y llenaba esa zona elegante de gente indeseable. Es que Frank abría su circo a todas las clases sociales y no cobraba entrada a los niños pobres. El fuego "patriótico" arrasó también con la alegría infantil. Pero las huelgas no se limitaron al ámbito urbano. Las pésimas condiciones contractuales de arrendamiento de tierras, de los colonos, en su mayoría inmigrantes, con respecto a los grandes terratenientes, provocó el estallido de una enorme protesta de los pequeños productores, en la provincia de Santa Fe, en la colonia de Alcorta, en 1912. El conflicto, que evidenciaba las necesidades que pasaba el sector, se extendió rápidamente a las provincias de Buenos Aires y Córdoba. Con la unión de los chacareros disconformes por los aumentos de los arrendamientos, las condiciones desiguales de comercialización y la imposibilidad de convertirse en propietarios, surgió la Federación Agraria Argentina, aún existente, que a diferencia de la Sociedad Rural, representaba a los pequeños y medianos productores agropecuarios. El conflicto, conocido como el Grito de Alcorta, duró tres meses y logró que algunos propietarios disminuyeran el precio de los arrendamientos. Durante el año 1912, en la Capital Federal, hubo 200 huelgas. Un año después más de 150, y los participantes fueron, aproximadamente, cuarenta mil. Las condiciones de vida de los trabajadores argentinos empeoraron con el comienzo de la Primera Guerra Mundial. La reducción de los embarques de cereal perjudicó al campo. Miles de arrendatarios y obreros rurales debieron trasladarse a las ciudades en busca de empleo, aumentando la ya importante masa de desocupados. Esto afectó el nivel de trabajo y redujo notablemente los salarios. Para completar el dramático cuadro, entre 1916 y 1919, en Buenos Aires el costo de vida aumentó casi un 100%. La llegada de Yrigoyen al gobierno en 1916 despertó grandes esperanzas en los trabajadores. Los gobiernos conservadores los habían tratado con dureza y desinterés, haciendo un uso frecuente de las leyes de residencia y de defensa social para impedir manifestaciones y reclamos. La mayoría de los obreros pensaron que con Yrigoyen y un gobierno popular, todo sería distinto. En un comienzo, la política obrera del radicalismo pareció alentar esas esperanzas. Inicialmente, Yrigoyen extendió su política reformista al plano sindical e intentó una legislación social más avanzada, que fue bloqueada permanentemente por el Senado, en manos de los conservadores. Contempló los reclamos de sindicatos negociadores, como la Federación Obrera Ferroviaria y la Federación de Obreros Marítimos, que integraban un sector de la F.O.R.A. Su política sindical fue distinta con los gremios que privilegiaron la huelga a la negociación, como los frigoríficos y municipales, controlados por anarquistas y socialistas. En estos casos, como en las huelgas del chaco santafesino, declaradas por los trabajadores de La Forestal, la de los peones rurales patagónicos y la de los obreros de Vasena, que desencadenaría la llamada Semana Trágica, no dudará en reprimir violentamente a los huelguistas. Fuente: www.elhistoriador.com.ar

¨Vandalismo financiero¨

Página 12, Domingo, 31 de julio de 2016

La teoría de la política económica ha elaborado en el último medio siglo los instrumentos necesarios para salir del lodazal en el cual están empantanadas actualmente las economías. Para ello se deben utilizar los instrumentos adecuados para obtener los resultados deseados en aras del interés general, aunque esta opción siempre es una decisión política que a veces disgusta a ciertas minorías, por más que no necesariamente las desfavorezca.

La demanda global, el PIB, que es la riqueza de un país creada en un año, es igual al consumo, más la inversión, más el gasto público, más las exportaciones. Cada una de estas variables puede ser regulada por los gobiernos de tal suerte que se incremente o se disminuya la demanda global y por lo tanto la riqueza del país.     
                       
La política económica consiste en aplicar medidas a través de los instrumentos que pueden disponer los gobiernos para actuar sobre cada una de esas variables. Sin embargo todas las medidas que se pueden tomar no tienen el mismo impacto. Tomemos el caso de la demanda por consumo que representaba en Argentina, en 2015, el 62 por ciento del PIB. Esto hace que si se provoca una disminución del 1 por ciento de los hogares se producirá una caída de 0,6 por ciento del PIB. Lo mismo sucede en sentido contrario. Las medidas para incrementar el consumo son conocidas. Se puede hacer aumentando los salarios pero esto no depende (solo) de la voluntad del gobierno ya que en la mayor parte de los países el salario resulta de una negociación entre los sindicatos patronales, la UIA y los gremios. Esto no significa que el gobierno sea impotente para actuar sobre el consumo. El Estado puede incrementarlo disminuyendo los impuestos (una baja del IVA o de las tasas del impuesto a las ganancias) que aumentan la capacidad adquisitiva de las familias u otorgando subsidios y ayudas sociales que van en el mismo sentido. Puede hacer lo contrario, reducir el consumo disminuyendo los subsidios, haciendo de tal suerte que la inflación disminuya el valor real de las ayudas sociales. Puede disminuirlo igualmente cambiando la composición del gasto en consumo aumentando el precio de los combustibles o las tarifas de los servicios públicos lo cual con un salario idéntico disminuye el volumen del ingreso para la compra de otros bienes.

La segunda variable es la demanda de inversión cuyo volumen depende a la vez de la tasa de interés y del nivel de las expectativas y previsiones de los inversores en el sentido de creación de empresas que producen bienes y servicios. Pero sobre todo de la tasa de interés que si es superior al rédito esperado de dicha inversión no será realizada. Como lo han señalado públicamente tanto los economistas keynesianos como ortodoxos argentinos, con una tasa de interés que oscila entre el 30 y 38 por ciento nadie invierte puesto que nadie puede esperar una tasa de ganancia tan elevada. En efecto, en ese caso los potenciales inversores preferirán ubicar sus activos en instrumentos financieros que rendirán mucho más que una inversión en bienes para producir otros bienes. Por otra parte, si las perspectivas de la demanda global son la de una disminución de la misma la demanda de inversiones disminuirá y esto irá en contra de la evolución positiva de la creación de riqueza. En Argentina durante el primer cuatrimestre de 2016 la disminución de la inversión ha sido estimada superior al 5 por ciento, lo cual equivale a más del 1 por ciento de la demanda global. El Estado hubiera podido a través del Banco Central, del cual es dueño, bajar las tasas de interés de tal suerte que se incremente la inversión, en nuevas máquinas, talleres, edificios y nuevas fuentes de trabajo, pero no lo hizo. Agreguemos que una baja de la tasa de interés también aumenta las posibilidades de abaratar el crédito de los consumidores para la compra de bienes en cuotas. Al contrario, si se incrementa la tasa de interés para la colocación de títulos, Lebac por ejemplo, entonces los bancos van a aprovechar para disponer de sus activos y comprar este tipo de títulos en lugar de prestarlos a quienes los necesitan para invertir o para consumir. Esta situación es también el resultado de la indolencia culpable del Estado al favorecer como se observa al sector financiero en lugar de preocuparse por el interés general.

El tercer componente de la demanda global es el gasto del público para llevar adelante programas para proveer y mejorar los hospitales, las escuelas, los caminos etc. Como sabemos, el incremento del gasto público tiene un efecto multiplicador que permitió financiar la reconstrucción al fin de la última guerra en Europa y sacar a los Estados Unidos de la Gran Depresión de 1930 gracias al New Deal. La ventaja del gasto público es que puede ser financiado “ex nihilo” (expresión latina: ¨de la nada¨) por el Estado. En efecto, así como los bancos son creadores de moneda el Estado también lo es a través del Banco Central. Así por ejemplo para un gasto inicial de 100 pesos el Estado va a crear al cabo de cuatro años una riqueza total de 336,16 pesos, vale decir, 236,16 pesos netos. No es lo que hizo el gobierno actual que paralizó las obras públicas pero no mejoró la situación presupuestaria ya que disminuyó los impuestos de los terratenientes, que utilizaron dicha reducción para comprar dólares o invertirla en el sector financiero. Por otra parte, la disminución del consumo y de la inversión provocó un achicamiento de la recaudación impositiva lo cual agravó la perdida de ingresos del Estado. Esto lo obligó a recurrir al empréstito (no solo el Estado Nacional sino a las administraciones provinciales) lo cual favoreció también al sector financiero.

La otra fuente de incremento de la demanda son las exportaciones, que pueden incrementarse mediante una devaluación permitiendo un abaratamiento de los bienes exportables expresados en divisas, pero tiene la desventaja de depender de la demanda extranjera. No obstante la utilización de la tasa de cambio puede traer otro tipo de dificultades como el de favorecer ciertos sectores sociales, los terratenientes en este caso, sin crear un verdadera expansión del volumen exportado y el incremento de los ingresos ser utilizado como se señaló más arriba. Claro que la devaluación incrementa también los costos de las importaciones y es un factor inflacionario. De lo señalado se pueden sacar algunas conclusiones preliminares. La reducción del consumo, de la inversión y del gasto público, que representan el 87 por del PIB, ya produjo una caída de la riqueza nacional en 2016. Una parte significativa fue transferida al exterior. Otra parte, como hemos indicado, fue al sector financiero al cual se transfirió una parte de la caída del consumo y de la inversión. 
 Bruno Susani; Doctor en Ciencias Económicas Université de Paris.