Las grandes huelgas (autor: Felipe Pigna)

Una de las primeras huelgas concretadas en el territorio argentino se produjo en 1868. En plena Guerra del Paraguay un grupo de trabajadores de distintos astilleros de la provincia de Corrientes se negó a construir embarcaciones destinadas a las fuerzas de la Triple Alianza argumentando que no contribuirían a la matanza de sus hermanos. Diez años más tarde, se produjo la primera huelga declarada por un gremio argentino. Los tipógrafos estaban organizados desde 1857 en la Sociedad Tipográfica Bonaerense, la sociedad tenían un carácter más mutualista que sindical y decidieron fundar a fines de 1877 la Unión Tipográfica Bonaerense, que será la que llevará adelante, entre septiembre y octubre de 1878, esta primera medida de fuerza del movimiento obrero organizado. El origen del conflicto fue la decisión de una imprenta de rebajar los salarios de su personal. La iniciativa fue seguida por otras empresas y los trabajadores reaccionaron convocando a una asamblea de la que participaron más de mil trabajadores que se pronunciaron por la huelga. Dalmacio Vélez Sarsfield, el autor del Código Civil, escribió en El Nacional: "El socialismo usa las huelgas como instrumento de perturbación, pero el socialismo no es una necesidad en América. No se pueden admitir las huelgas porque eso significaría subvertir las reglas del trabajo. Mientras duró el conflicto, los diarios menos importantes dejaron de publicarse y los más grandes, como La Prensa y El Nacional, intentaron contratar tipógrafos en el Uruguay, pero se encontraron con la firme solidaridad de los trabajadores afiliados al gremio de Montevideo que se negaron, pese a los elevados sueldos ofrecidos, a reemplazar a sus compañeros argentinos. La huelga fue ganada por los obreros y las patronales aceparon volver a los sueldos originales y reducir la jornada laboral a 10 horas en invierno y 12 en verano. Luego de esa primera experiencia le sucedieron los obreros cigarreros, empleados de comercio, oficiales albañiles, yeseros, carteros, etc. Sus reivindicaciones en esos conflictos fueron comunes: aumento salarial, pagos atrasados, reglamentación de horarios u otras vinculadas a las condiciones de trabajo. Y en esta primera etapa fueron exitosas un 60% de las huelgas y prácticamente no intervino el estado para mediar o limitar el conflicto. Esto se explica porque la incipiente burguesía industrial no pertenecía a la fracción de la burguesía terrateniente que detentaba el poder. Por ello los industriales fundaron en 1887 la Unión Industrial, para defender sus intereses, y establecieron para ello no reconocer a las organizaciones obreras y solicitaron al poder ejecutivo que no acepte exigencias colectivas de obreros de uno o más talleres. La década del ’80 fue una de las de más alto índice de ingresos de inmigrantes al país. Junto con los trabajadores desocupados y los campesinos desplazados de sus tierras, fueron llegando al puerto de Buenos Aires notables dirigentes del anarquismo y del socialismo que huían de las persecuciones de los diferentes gobiernos europeos. Traían consigo su experiencia sindical y política que compartirían generosamente con los integrantes del incipiente movimiento obrero argentino. Entre 1880 y 1901 se multiplican las sociedades de resistencias, se fundan numerosos gremios, como el de los panaderos, los carreros, conductores de ferrocarril y cigarreras entre otros. Florece la prensa obrera con sus dos grandes exponentes La Vanguardia, el periódico socialista fundada en 1894 y La Protesta, la voz de los anarquistas que comienza a editarse en 1897, y Juan Bautista Justo funda el Partido Socialista. Hacia 1899 lo novedoso fue la existencia de un desarrollo fabril creciente, que fue concentrando la mano de obra en grandes talleres y fábricas, facilitando la organización de los trabajadores. El crecimiento de la actividad gremial y de la agitación obrera podían percibirse en la gran cantidad de medidas de fuerza y movilizaciones llevadas adelante por los trabajadores, que comenzaron a pensar en una central sindical que unificara y le diera más fuerza a la lucha de la clase obrera en su conjunto. La idea se concretó en mayo de 1901 con la creación de la Federación Obrera Argentina, la F.O.A.,. que nucleaba a la mayoría de los gremios del país. El gobierno del general Roca comenzó a preocuparse y promovió la aprobación de un proyecto de Ley, presentado en 1899 por el senador Miguel Cané. El 22 de noviembre de 1902 fue aprobada la iniciativa del autor de Juvenilia y transformada en la Ley 4144, conocida como "de residencia". Esta norma legal permitía la expulsión hacia sus países de origen de los extranjeros llamados "indeseables", es decir, los militantes sindicales y sociales. El ministro del interior Joaquín V. González declaró que la agitación social en argentina "era producto de un par de docenas de agitadores de profesión", y que "bastaba eliminar a éstos para volver a la sociedad a la tranquilidad merecida". El movimiento obrero reaccionó enérgicamente y decretó a principios de noviembre de 1902 a través de la F.O.A., la primera huelga general de la historia argentina. Los socialistas se opusieron a la medida por considerar que la huelga general era un acto desmesurado y que bloqueaba cualquier posible negociación. Esto provocó la fractura de la central sindical. La F.O.A. continuó en manos anarquistas y los socialistas fundaron la U.G.T. (Unión General de Trabajadores). La primera de estas agrupaciones representó a 66 sindicatos con 33.895 afiliados y la segunda a 43 gremios con 7.400 afiliados. Pese a todo, el acatamiento a la medida fue muy amplio y los puertos y numerosos establecimientos fabriles quedaron paralizados. El gobierno respondió decretando el estado de sitio, desatando una violenta represión y lanzando una gigantesca redada sobre las barriadas obreras. A los detenidos argentinos se los encarceló y a los extranjeros se les aplicó la flamante Ley de Residencia. En 1904 la F.O.A. pasó a denominarse Federación Obrera Regional Argentina (F.O.R.A.). La F.O.R.A. convocó el primero de mayo de ese año a un acto conmemorativo del 1º de Mayo en la Plaza Mazzini. A poco de iniciada la marcha de las principales columnas que partían del local sindical, se inició la represión policial que arrojará un saldo de casi 40 muertos. Las dos centrales sindicales decretaron la huelga general pidiendo el encarcelamiento de los responsables. Ante el silencio oficial, el recientemente electo diputado socialista, Alfredo Palacios interpeló al ministro del Interior, Joaquín V. González quien dio por toda explicación que esas muertes "tienen como mortaja la impunidad del silencio". Al año siguiente, se produjo la intentona revolucionaria radical y el gobierno decretó el estado de sitio en todo el país. Esto no amilanó a las centrales sindicales que decidieron conmemorar en forma conjunta un nuevo aniversario del ahorcamiento de los mártires de Chicago, ocurrido el 1º de mayo de 1886. El acto se realizó frente al Teatro Colón. Mientras estaban haciendo uso de la palabra los oradores, el jefe de Policía, Ramón Lorenzo Falcón, lanzó un escuadrón de 120 policías a caballo, los famosos cosacos, contra la multitud, mientras que un escuadrón de bomberos policiales atacó por otro frente. Sobre la plaza Lavalle quedaron tendidos 4 muertos y más de 50 heridos. Los detenidos se contaban por centenas. Pese a la represión, los despidos arbitrarios y la estricta aplicación de la Ley de Residencia, crecieron las luchas obreras. En 1907 se dio una novedosa huelga de los inquilinos. Los habitantes de los conventillos de Buenos Aires, Rosario, La Plata y Bahía Blanca decidieron no pagar sus alquileres frente al aumento desmedido aplicado por los propietarios. La protesta expresó además, el descontento por las pésimas condiciones de vida en los inquilinatos. Los protagonistas de estas jornadas fueron las mujeres y los niños que organizaron multitudinarias marchas portando escobas con las que se proponían barrer la injusticia. La represión policial no se hizo esperar y comenzaron los desalojos. En la Capital estuvieron a cargo del jefe de Policía, coronel Falcón, quien desalojó a las familias obreras en las madrugadas del crudo invierno de 1907 con la ayuda del cuerpo de bomberos. El gremio de los carreros se puso a disposición de los desalojados para trasladar a las familias a los campamentos organizados por los sindicatos anarquistas. Si bien los huelguistas no lograron su objetivo de conseguir la rebaja de los alquileres, este movimiento representó un llamado de atención sobre las dramáticas condiciones de vida de la mayoría de la población. E 1º de mayo de 1909 se convocaron dos actos: uno por la F.O.R.A., en Plaza Lorea y otro por el Partido Socialista, en Plaza Constitución. El primero de ellos fue duramente reprimido en un operativo a cargo del jefe de Policía, el coronel Lorenzo Falcón: hubo doce muertos y más de 80 heridos. Como consecuencia de los hechos del 1º de mayo de 1909, la F.O.R.A., la U.G.T. y otros sindicatos constituyeron el Comité Central de Huelga y declararon "la huelga general por tiempo indeterminado a partir del lunes 3 y hasta tanto no se consiga la libertad de los compañeros detenidos y la apertura de los locales obreros" y aconsejaron “muy insistentemente a todos los obreros que a fin de garantizar el mejor éxito del movimiento se preocupen de vigilar los talleres y fábricas respectivas, impidiendo de todas maneras la concurrencia al trabajo de un solo operario". Así se inició la "semana roja": 60 mil personas acompañaron los féretros de los obreros asesinados hasta el cementerio de la Chacarita y fueron duramente reprimidos por la policía. Ese día más de 220 mil abandonaron su lugar de trabajo en todo el país, las fábricas cerraron el puerto inactivo y los ferrocarriles quedaron inactivos. Durante toda esta "Semana Roja" la huelga fue total, pese a lo cual el gobierno ignoró todos los reclamos y confirmó a Falcón en su cargo. Pocos meses después, Falcón sería asesinado por un anarquista ruso de sólo 17 años: Simón Radowitzky. Tras el atentado, el gobierno decretó el estado de sitio y detuvo a dirigentes obreros. Grupos de jóvenes de la oligarquía al grito de "viva la patria" atacaron e incendiaron locales obreros y las imprentas de La Protesta y La Vanguardia. En mayo de 1910, la oligarquía celebró el centenario de la Revolución de Mayo. Se organizaron grandes desfiles y una exposición universal. La famosa bailarina Isadora Ducan bailó el himno Nacional con la bandera argentina por todo vestuario. Se cursaron invitaciones a todos los reyes y gobernantes del mundo occidental pero sólo aceptó el convite la Infanta Isabel de España. La clase dirigente quería exhibir los avances del granero del mundo. El movimiento obrero advirtió la gran trascendencia de los festejos y aprovechó su repercusión en la prensa internacional para dar a conocer la real situación de los habitantes del país. La F.O.R.A. anarquista lanzó una huelga general para la semana de mayo y realizó una manifestación que reunió a 70.000 personas frente a la penitenciaría de la calle Las Heras. La gente pidió la liberad de los presos sociales, entre ellos, Simón Radowitzky. El gobierno de Figueroa Alcorta decretó nuevamente el estado de sitio y sancionó la Ley de Defensa Social, que limitaba seriamente la actividad sindical prohibiendo el ingreso de extranjeros que hubieran sufrido condenas, y prohibiendo también la propaganda anarquista. Se estableció que para realizar actos se debía solicitar permiso a la autoridad y los que no lo hiciesen podrían ser encarcelados hasta un año. Pese a la dura represión, los fastuosos festejos del centenario se vieron afectados por numerosas huelgas y actos de sabotaje llevados adelante por los anarquistas. La respuesta no se hizo esperar. Grupos nacionalistas que actuaban con total impunidad atacaron locales y bibliotecas obreras y hasta incendian el circo de Frank Brown. El gran payaso norteamericano había instalado su carpa en Florida y Paraguay. Los "pitucos" decían que afeaba la ciudad y llenaba esa zona elegante de gente indeseable. Es que Frank abría su circo a todas las clases sociales y no cobraba entrada a los niños pobres. El fuego "patriótico" arrasó también con la alegría infantil. Pero las huelgas no se limitaron al ámbito urbano. Las pésimas condiciones contractuales de arrendamiento de tierras, de los colonos, en su mayoría inmigrantes, con respecto a los grandes terratenientes, provocó el estallido de una enorme protesta de los pequeños productores, en la provincia de Santa Fe, en la colonia de Alcorta, en 1912. El conflicto, que evidenciaba las necesidades que pasaba el sector, se extendió rápidamente a las provincias de Buenos Aires y Córdoba. Con la unión de los chacareros disconformes por los aumentos de los arrendamientos, las condiciones desiguales de comercialización y la imposibilidad de convertirse en propietarios, surgió la Federación Agraria Argentina, aún existente, que a diferencia de la Sociedad Rural, representaba a los pequeños y medianos productores agropecuarios. El conflicto, conocido como el Grito de Alcorta, duró tres meses y logró que algunos propietarios disminuyeran el precio de los arrendamientos. Durante el año 1912, en la Capital Federal, hubo 200 huelgas. Un año después más de 150, y los participantes fueron, aproximadamente, cuarenta mil. Las condiciones de vida de los trabajadores argentinos empeoraron con el comienzo de la Primera Guerra Mundial. La reducción de los embarques de cereal perjudicó al campo. Miles de arrendatarios y obreros rurales debieron trasladarse a las ciudades en busca de empleo, aumentando la ya importante masa de desocupados. Esto afectó el nivel de trabajo y redujo notablemente los salarios. Para completar el dramático cuadro, entre 1916 y 1919, en Buenos Aires el costo de vida aumentó casi un 100%. La llegada de Yrigoyen al gobierno en 1916 despertó grandes esperanzas en los trabajadores. Los gobiernos conservadores los habían tratado con dureza y desinterés, haciendo un uso frecuente de las leyes de residencia y de defensa social para impedir manifestaciones y reclamos. La mayoría de los obreros pensaron que con Yrigoyen y un gobierno popular, todo sería distinto. En un comienzo, la política obrera del radicalismo pareció alentar esas esperanzas. Inicialmente, Yrigoyen extendió su política reformista al plano sindical e intentó una legislación social más avanzada, que fue bloqueada permanentemente por el Senado, en manos de los conservadores. Contempló los reclamos de sindicatos negociadores, como la Federación Obrera Ferroviaria y la Federación de Obreros Marítimos, que integraban un sector de la F.O.R.A. Su política sindical fue distinta con los gremios que privilegiaron la huelga a la negociación, como los frigoríficos y municipales, controlados por anarquistas y socialistas. En estos casos, como en las huelgas del chaco santafesino, declaradas por los trabajadores de La Forestal, la de los peones rurales patagónicos y la de los obreros de Vasena, que desencadenaría la llamada Semana Trágica, no dudará en reprimir violentamente a los huelguistas. Fuente: www.elhistoriador.com.ar

¨Vandalismo financiero¨

Página 12, Domingo, 31 de julio de 2016

La teoría de la política económica ha elaborado en el último medio siglo los instrumentos necesarios para salir del lodazal en el cual están empantanadas actualmente las economías. Para ello se deben utilizar los instrumentos adecuados para obtener los resultados deseados en aras del interés general, aunque esta opción siempre es una decisión política que a veces disgusta a ciertas minorías, por más que no necesariamente las desfavorezca.

La demanda global, el PIB, que es la riqueza de un país creada en un año, es igual al consumo, más la inversión, más el gasto público, más las exportaciones. Cada una de estas variables puede ser regulada por los gobiernos de tal suerte que se incremente o se disminuya la demanda global y por lo tanto la riqueza del país.     
                       
La política económica consiste en aplicar medidas a través de los instrumentos que pueden disponer los gobiernos para actuar sobre cada una de esas variables. Sin embargo todas las medidas que se pueden tomar no tienen el mismo impacto. Tomemos el caso de la demanda por consumo que representaba en Argentina, en 2015, el 62 por ciento del PIB. Esto hace que si se provoca una disminución del 1 por ciento de los hogares se producirá una caída de 0,6 por ciento del PIB. Lo mismo sucede en sentido contrario. Las medidas para incrementar el consumo son conocidas. Se puede hacer aumentando los salarios pero esto no depende (solo) de la voluntad del gobierno ya que en la mayor parte de los países el salario resulta de una negociación entre los sindicatos patronales, la UIA y los gremios. Esto no significa que el gobierno sea impotente para actuar sobre el consumo. El Estado puede incrementarlo disminuyendo los impuestos (una baja del IVA o de las tasas del impuesto a las ganancias) que aumentan la capacidad adquisitiva de las familias u otorgando subsidios y ayudas sociales que van en el mismo sentido. Puede hacer lo contrario, reducir el consumo disminuyendo los subsidios, haciendo de tal suerte que la inflación disminuya el valor real de las ayudas sociales. Puede disminuirlo igualmente cambiando la composición del gasto en consumo aumentando el precio de los combustibles o las tarifas de los servicios públicos lo cual con un salario idéntico disminuye el volumen del ingreso para la compra de otros bienes.

La segunda variable es la demanda de inversión cuyo volumen depende a la vez de la tasa de interés y del nivel de las expectativas y previsiones de los inversores en el sentido de creación de empresas que producen bienes y servicios. Pero sobre todo de la tasa de interés que si es superior al rédito esperado de dicha inversión no será realizada. Como lo han señalado públicamente tanto los economistas keynesianos como ortodoxos argentinos, con una tasa de interés que oscila entre el 30 y 38 por ciento nadie invierte puesto que nadie puede esperar una tasa de ganancia tan elevada. En efecto, en ese caso los potenciales inversores preferirán ubicar sus activos en instrumentos financieros que rendirán mucho más que una inversión en bienes para producir otros bienes. Por otra parte, si las perspectivas de la demanda global son la de una disminución de la misma la demanda de inversiones disminuirá y esto irá en contra de la evolución positiva de la creación de riqueza. En Argentina durante el primer cuatrimestre de 2016 la disminución de la inversión ha sido estimada superior al 5 por ciento, lo cual equivale a más del 1 por ciento de la demanda global. El Estado hubiera podido a través del Banco Central, del cual es dueño, bajar las tasas de interés de tal suerte que se incremente la inversión, en nuevas máquinas, talleres, edificios y nuevas fuentes de trabajo, pero no lo hizo. Agreguemos que una baja de la tasa de interés también aumenta las posibilidades de abaratar el crédito de los consumidores para la compra de bienes en cuotas. Al contrario, si se incrementa la tasa de interés para la colocación de títulos, Lebac por ejemplo, entonces los bancos van a aprovechar para disponer de sus activos y comprar este tipo de títulos en lugar de prestarlos a quienes los necesitan para invertir o para consumir. Esta situación es también el resultado de la indolencia culpable del Estado al favorecer como se observa al sector financiero en lugar de preocuparse por el interés general.

El tercer componente de la demanda global es el gasto del público para llevar adelante programas para proveer y mejorar los hospitales, las escuelas, los caminos etc. Como sabemos, el incremento del gasto público tiene un efecto multiplicador que permitió financiar la reconstrucción al fin de la última guerra en Europa y sacar a los Estados Unidos de la Gran Depresión de 1930 gracias al New Deal. La ventaja del gasto público es que puede ser financiado “ex nihilo” (expresión latina: ¨de la nada¨) por el Estado. En efecto, así como los bancos son creadores de moneda el Estado también lo es a través del Banco Central. Así por ejemplo para un gasto inicial de 100 pesos el Estado va a crear al cabo de cuatro años una riqueza total de 336,16 pesos, vale decir, 236,16 pesos netos. No es lo que hizo el gobierno actual que paralizó las obras públicas pero no mejoró la situación presupuestaria ya que disminuyó los impuestos de los terratenientes, que utilizaron dicha reducción para comprar dólares o invertirla en el sector financiero. Por otra parte, la disminución del consumo y de la inversión provocó un achicamiento de la recaudación impositiva lo cual agravó la perdida de ingresos del Estado. Esto lo obligó a recurrir al empréstito (no solo el Estado Nacional sino a las administraciones provinciales) lo cual favoreció también al sector financiero.

La otra fuente de incremento de la demanda son las exportaciones, que pueden incrementarse mediante una devaluación permitiendo un abaratamiento de los bienes exportables expresados en divisas, pero tiene la desventaja de depender de la demanda extranjera. No obstante la utilización de la tasa de cambio puede traer otro tipo de dificultades como el de favorecer ciertos sectores sociales, los terratenientes en este caso, sin crear un verdadera expansión del volumen exportado y el incremento de los ingresos ser utilizado como se señaló más arriba. Claro que la devaluación incrementa también los costos de las importaciones y es un factor inflacionario. De lo señalado se pueden sacar algunas conclusiones preliminares. La reducción del consumo, de la inversión y del gasto público, que representan el 87 por del PIB, ya produjo una caída de la riqueza nacional en 2016. Una parte significativa fue transferida al exterior. Otra parte, como hemos indicado, fue al sector financiero al cual se transfirió una parte de la caída del consumo y de la inversión. 
 Bruno Susani; Doctor en Ciencias Económicas Université de Paris.

LOS TRAIDORES de Raymundo Gleyzer

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Domingo, 31 de mayo de 2015                                    Suplemento económico de Página 12

ESCENARIO › DEBATE DE LA HETERODOXIA Y LA ORTODOXIA ECONOMICA

La demanda y el ajuste

El rol de la demanda es objeto de una profunda controversia entre la teoría económica keynesiana (heterodoxa) y la teoría llamada convencional (neoclásica u ortodoxa). Los argumentos de una y otra corriente del pensamiento económico.  Por Bruno Susani *

El rol de la demanda es objeto de una profunda controversia entre la teoría económica keynesiana (heterodoxa) y la teoría llamada convencional (neoclásica u ortodoxa). Esta última sostiene que existe siempre una igualdad entre la oferta global y la demanda global puesto que la ley de Say explica, de manera muy elegante, que toda oferta genera una demanda equivalente, vale decir que el valor de la producción global, que se distribuye entre salarios y beneficios, es suficiente para comprar todo lo producido. Como el “mercado” determina los precios y los salarios entonces no pueden existir ni desocupados ni capacidades de producción ociosas.

Keynes, desmenuzó el significado del aserto y mostró en La Teoría General que la moneda posee el atributo de otorgar a sus poseedores la posibilidad de utilizar su ingreso para comprar bienes, pero que también puede atesorarse (en dólares, por ejemplo), por precaución, o se puede utilizar para la especulación o la compra de títulos, acciones u obligaciones. Esto permite sostener que en una economía donde existe la moneda el monto del gasto, la demanda, tiene todas las probabilidades de ser inferior al valor global de la oferta. De lo que se deduce que la ley de Say sólo se cumple en una circunstancia excepcional y que existen otros, muchos, equilibrios posibles con desempleo, tantos como las diferencias que puedan existir entre la oferta global y la demanda global. Y esto forma parte del paisaje habitual de las economías contemporáneas.

Frente a situaciones de equilibrio con desempleo, que puede alcanzar niveles exorbitantes, por ejemplo 25 por ciento en España, los economistas heterodoxos y ortodoxos se enfrentan sobre el diagnóstico de la situación y sobre las medidas que pueden ser aplicadas para solucionarlos.

Para los heterodoxos el desempleo de los factores (trabajo y capital) es la resultante de un nivel insuficiente de la demanda efectiva. Si la oferta global no es adquirida en su totalidad, entonces los empresarios reducirán la producción para poder vender, antes, el stock remanente. Esto puede llevarlos a licenciar parte del personal o suspenderlo por un período dado. Pero a la vez esta decisión provocará una subutilización de la capacidad instalada, lo cual significa que habrá no sólo trabajadores desocupados sino también una cantidad de capital no utilizada. Los economistas keynesianos proponen, en consecuencia, que se practique una política económica que permita incrementar la demanda, vía el gasto público que permitirá adquirir el conjunto de la oferta.

Como observó Keynes en su célebre artículo “Poverty in Plenty” (“La pobreza en la abundancia”, de 1934), “sea cual fuere el mejor remedio contra la pobreza en la abundancia, debemos impugnar los pretendidos remedios que consisten en rechazar la abundancia para resolver el problema”. En efecto, de lo contrario se estaría sosteniendo que la capacidad de producción es excesiva, se estaría patrocinando la miseria, vale decir, la reducción de la demanda global en lugar de promocionar la abundancia. Pero esta solución es en sí detestable no sólo para los trabajadores sino también para los propios capitalistas, que verán dismiuir su giro de negocios.

Los ortodoxos sostienen, por el contrario, que cuando existe desempleo de la fuerza de trabajo, una subutilización de la capacidad instalada y una disminución de las ventas (recesión) es el resultado de un desequilibrio en el precio de los factores. Los salarios son demasiado elevados y las ganancias son insuficientes, o en todo caso inferiores a la tasa de interés. Y, en efecto, cuando en la economía aparece una disminución de la demanda, en una recesión su primera manifestación es la disminución de los beneficios de las empresas. Estas tratarán de restablecerla disminuyendo los costos y eventualmente el empleo, lo cual va a provocar una nueva contracción de la economía que necesariamente va a agravar la miseria en un contexto que podría ser de abundancia.

La solución propuesta por los economistas ortodoxos es, entonces, reducir los salarios reales para que los empresarios se decidan a contratar nuevos trabajadores, ya que consideran el salario de referencia demasiado elevado. También proponen disminuir el gasto público, y consecuentemente los impuestos. Esto último, sostienen, permitirá un incremento del ahorro que será utilizado para aumentar la inversión creadora de nuevos puestos de trabajo, lo cual, favorecido por la baja de los salarios, permitiría volver a la situación de pleno empleo. Este tipo de diagnóstico y las medidas económicas propuestas se han dado en llamar “un ajuste”, aunque sería quizá más pertinente denominarlas una recesión programada.

Estas propuestas esquivan explicar por qué, si los salarios y el gasto público decrecen y en consecuencia la demanda efectiva disminuye, los empresarios contratarían nuevos trabajadores y crearían nuevos puestos de trabajo invirtiendo sus ahorros para aumentar la producción que luego tendrán ingentes dificultades para vender. No deja de sorprender que los colegas que suscriben a la ortodoxia y que habitualmente se refieren a la “confianza” para explicar la reticencia de los empresarios frente a las políticas económicas expansivas de la demanda no adviertan que una caída de la misma genera un clima de escepticismo y desconfianza en los productores que, ansiosos, escrutan el nivel de las ventas. Cuando éstas se contraen, aunque los salarios bajen, la desconfianza se instala. Frente a una recesión lo más probable es que los empresarios no inviertan y adopten la actitud de “desensillar hasta que aclare” –versión argentina del “wait and see”–, lo que es adoptar una actitud expectante esperando que aparezca algún signo que pueda ser interpretado como un cambio de coyuntura y que se vislumbre una reactivación económica.

El rechazo de la posición teórica de los economistas ortodoxos se funda sobre una crítica de la teoría y además por la observación de los fracasos, no sólo en Argentina, de las políticas económicas. Pero no se trata de rechazar estas políticas económicas porque sean injustas sino porque son, además, ineficaces.

Si antes de la Gran Depresión de los años ‘30 la teoría ortodoxa podía afirmar que no teníamos los instrumentos y los conocimientos teóricos para proponer alternativas a la teoría convencional, ya no es el caso. La idea según la cual el sistema de la “economía de mercado” tiene la asombrosa capacidad de autorregularse y resorber los desequilibrios y retornar automáticamente al equilibrio ya no tiene demasiada credibilidad.

Pero es necesario agregar que las medidas de reducción del gasto público y el congelamiento de los salarios generan un cambio en la distribución del ingreso de los sectores de ingresos bajos y medios hacia aquellos que ganan más. Estas políticas aplicadas por el Estado en la década de 30, pero también durante y después de la dictadura militar, habían sido ya claramente condenadas por el general Perón cuando en el discurso de proclamación de su candidatura, el 12 de febrero de 1946, manifestaba su rechazo frente al “espectáculo de la miseria en medio de la abundancia que hace que millones de seres padezcan el hambre mientras que centenares de hombres derrochan estúpidamente su plata”

* Docteur ès Sciences Economiques. Ex consejero regional de l’Ile de France (por el Partido Socialista) Autor del libro El peronismo, de Perón a Kirchner, Ed. EdUNLa, mayo 2015.

brunosusani@wanadoo.fr