domingo, 25 de marzo de 2018
sábado, 25 de marzo de 2017
domingo, 12 de marzo de 2017
Política fiscal en tiempo de crisis
TEMAS DE DEBATE: ¿HAY QUE AJUSTAR O EXPANDIR EL GASTO PARA REACTIVAR LA ECONOMIA?
Los especialistas reivindican el incremento del gasto primario para recuperar un mayor ritmo de crecimiento y cuestionan a los economistas ortodoxos que reclaman austeridad fiscal, como si la economía funcionara igual que una casa de familia.
La irrazonable austeridad Por Martín Guzmán *
El debate sobre la capacidad de las políticas de austeridad para reactivar a una economía en recesión se ha intensificado en los últimos días, a partir de la difusión de un artículo elaborado por investigadores de la Universidad de Massachusetts Amherst que muestra que los resultados de un artículo influyente de dos profesores de la Universidad de Harvard (Carmen Reinhart y Kenneth Rogoff) estaban mal calculados. Reinhart y Rogoff aseguraban que los países que tenían ratios de deuda sobre producto más altos exhibían tasas de crecimiento del producto más bajas. Sin embargo, en sus cuentas habían omitido incluir a un conjunto de países que estaban muy endeudados pero que eran de los que más crecían. Al incluirlos, se pierde la relación que ellos postulaban. Este artículo había sido utilizado en el debate político para justificar políticas que abogaban por ajustes fiscales (menos gasto público y más impuestos) para promover el crecimiento.¿Pueden ser expansivas las políticas de austeridad fiscal? Es casi imposible, y para que lo sean se tiene que dar un alineamiento misterioso e inexplicable de las creencias de la gente acerca de cómo funciona la economía.
Comencemos por describir los argumentos de quienes defienden la austeridad, a quienes llamaremos los austeros. Los austeros sostienen que cuando los déficit se reducen, se restaura la confianza en la economía y como consecuencia el gasto en inversión crece. De esta manera, la austeridad tendría efectos expansivos sobre la demanda agregada, que es la demanda de bienes y servicios de los distintos participantes de la economía, y es la demanda que genera empleo. Además, el aumento de la inversión implica mayor capacidad productiva en el futuro, por lo que los efectos positivos se observarían no sólo en lo inmediato, sino en los años siguientes. ¿Por qué la gente confía más en la economía luego del ajuste? Porque al reducir el déficit fiscal, dicen los austeros, la capacidad de repago de la deuda es mayor. La lógica es similar a la de un hogar que recorta sus gastos y mantiene (o incrementa) sus ingresos.
Quienes argumentamos que la austeridad empeora las recesiones, pensamos que el mecanismo keynesiano convencional es el correcto. Hay una falsa analogía entre cómo funcionan las finanzas de un hogar y las finanzas de un país. Si las finanzas de un hogar están en problemas, recortar los gastos puede ser la solución. En cambio, si el gobierno recorta los gastos del país, eso hará que todos tengamos menos ingresos, y que por lo tanto caigan las ventas, lo que llevará a una nueva ronda de disminución de ingresos, y así sucesivamente, agravando la recesión. Mientras que el gasto de un hogar aislado tiene efectos insignificantes en la economía, el gasto del gobierno tiene efectos que nos incumben a todos. En la jerga de los economistas, diríamos que el gasto del gobierno produce externalidades macroeconómicas. Lo que para el hogar es una solución, para el país en su conjunto es un agravamiento del problema.
Tenemos entonces dos teorías con prescripciones de política opuestas. En las ciencias exactas o naturales, sólo una de ellas podría ser correcta. Pero en economía, a diferencia de tales ciencias, las convicciones afectan a la realidad. Las creencias acerca de cómo funciona la economía afectan la forma en que realmente funciona. Para que la austeridad funcionase, tendríamos que creernos que efectivamente es el camino correcto. Si todos creemos que la austeridad va a ser expansiva, a pesar de que no hay razones para creer en tal cosa, entonces nuestra confianza en la economía aumentaría, y en consecuencia invertiríamos y gastaríamos más.
Esto no pasa. Hay muchos experimentos de políticas basados en la creencia de la austeridad expansiva ejecutados durante recesiones (casi todos ellos impulsados por el FMI, como el ajuste fiscal del gobierno de De la Rúa previo a la crisis de 2001). En todos ellos, la austeridad llevó a menor crecimiento, y en algunos casos, hasta estuvo acompañada de incrementos en los déficit en lugar de reducciones, ya que el menor crecimiento llevó a que la recaudación impositiva fuese mayor que el ajuste en el gasto (hay un único caso en la historia en que se siguió una política de austeridad en un momento de recesión y prosiguió una expansión: Irlanda en 1987, un caso excepcional en el que un boom en su principal socio comercial combinado con una fuerte devaluación fueron los factores expansivos relevantes). En todos ellos la austeridad estuvo racionalmente acompañada de una reducción y no de un aumento en la confianza.
Si la austeridad es recesiva, ¿por qué tantas veces se considera, se discute y hasta se aplica? Porque además de tener creyentes, tiene potenciales ganadores con recursos para hacer lobby y propaganda en su favor, aquellos jugadores del sistema financiero cuya búsqueda de beneficios privados va en contra del bienestar social. La austeridad puede ser razonable para ellos, pero es irrazonable para la sociedad en su conjunto.
* Doctor en Economía por la Universidad de Brown, investigador en la Universidad de Columbia.
miércoles, 19 de octubre de 2016
viernes, 14 de octubre de 2016
jueves, 13 de octubre de 2016
LA CRÍTICA DE KEYNES A LA LEY DE SAY
Jean-Baptiste Say fue un economista francés
(1767-1832) que divulgó la obra fundacional de la economía política clásica,
Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones (1776)
del filósofo y economista escocés Adam Smith. Say pasará a la historia del
pensamiento económico por la teorización de un principio que se revela
fundamental para la posterior construcción de la economía ortodoxa o
neoliberal, la “ley de los mercados” o “ley de Say”). Se la puede resumir en la
siguiente sentencia: “la oferta crea su propia demanda”. Esta afirmación
equivale a sostener que una venta (oferta) es sucedida indefectiblemente por
una compra (demanda) o, que la oferta iguala a la demanda. Así se está ante un
mundo inmejorable para los capitalistas porque la producción es efectivamente
vendida. A partir de este aparente virtuosismo económico se puede extraer
algunas consideraciones.
Primero, el principio de Say funciona como una
garantía que imposibilita la aparición de crisis económicas porque todo bien
ofertado en el mercado es vendido o consumido. Asimismo, certifica un estado de
“equilibrio” económico debido a que las ventas proporcionan los ingresos para
aceitar la acumulación capitalista. Entonces, si todo el volumen producido es
consumido, tampoco pueden presentarse una situación de crisis o estancamiento.
En definitiva, si se presentasen problemas económicos estos serán
automáticamente atribuidos a “interferencias” vinculadas al intervencionismo
estatal. Este rasgo explicaría las propuestas políticas de minimización y
recorte de funciones del Estado.
Segundo, el desempleo no puede darse porque por
definición la “ley de Say” supone que los compradores satisficieron sus deseos
y que los vendedores maximizaron sus beneficios. De allí que, para la lógica
ortodoxa, esta ley represente un supuesto fundamental articulando mercados
libres cristalinos con pleno empleo. En este sentido, la ley no plantea la
cuestión distributiva, es más, brinda un escenario donde la sociedad pareciese
no tener ningún tipo de tensión entre clases porque sus relaciones están
dominadas por las virtudes innatas del “mercado”.
Pero quizás la crítica al principio de Say más
resonada fue la de Keynes. Sus observaciones, originadas en vistas de una
profunda depresión y desempleo, marcaron un punto de inflexión en la teoría
económica. Pero, si los lineamentos de la ley garantizaban la imposibilidad de
crisis ¿qué falló? Según Keynes, fracasó toda la estructura teórica ortodoxa
dominante de la cual la “ley de Say” era un bastión esencial. En la Teoría general
de la ocupación, el interés y el dinero (1936) sostiene que “sus enseñanzas
engañan y son desastrosas si intentamos aplicarla a los hechos reales”. Desde
esta óptica, intentó replantear la teoría ortodoxa inaugurando una nueva línea
de pensamiento que se conoció como teoría de la “demanda efectiva”.
Para Keynes era evidente que todo el volumen de
producción no puede ser vendido o demandado porque existen decisiones de los
agentes económicos que tienden a romper la igualdad de oferta y la demanda.
Sentenció que una situación de equilibrio general solo podía darse “por
accidente o por designio”. En resumen, no todo el arsenal de bienes que produce
la economía puede venderse provocando crisis capitalistas recurrentes.
Después de esbozar estas críticas surge una
pregunta: ¿por qué sobrevive velada o explícitamente el principio de Say en los
discursos de políticos, economistas y empresarios vinculados al neoliberalismo?
¿Por qué sigue vigente hasta nuestros días si empíricamente no puede
sostenerse? ¿Por qué nos bombardean con las supuestas bondades del mercado
libre donde, sin intromisión del Estado, oferta y demanda siempre se igualarán?
Perdura porque la ortodoxia necesita imperiosamente del principio de Say para
legitimar sus políticas en pos de una economía de mercado.
* Docente UNLZ y UNQ.
Domingo,
18 de septiembre de 2016
sábado, 20 de agosto de 2016
Las grandes huelgas (autor: Felipe Pigna)
Una de
las primeras huelgas concretadas en el territorio argentino se produjo en
1868. En plena Guerra del Paraguay un grupo de trabajadores de distintos
astilleros de la provincia de Corrientes se negó a construir embarcaciones
destinadas a las fuerzas de la Triple Alianza argumentando que no
contribuirían a la matanza de sus hermanos.
Diez
años más tarde, se produjo la primera huelga declarada por un gremio
argentino. Los tipógrafos estaban organizados desde 1857 en la Sociedad
Tipográfica Bonaerense, la sociedad tenían un carácter más mutualista que
sindical y decidieron fundar a fines de 1877 la Unión Tipográfica Bonaerense,
que será la que llevará adelante, entre septiembre y octubre de 1878, esta
primera medida de fuerza del movimiento obrero organizado.
El
origen del conflicto fue la decisión de una imprenta de rebajar los salarios
de su personal. La iniciativa fue seguida por otras empresas y los
trabajadores reaccionaron convocando a una asamblea de la que participaron
más de mil trabajadores que se pronunciaron por la huelga. Dalmacio Vélez
Sarsfield, el autor del Código Civil, escribió en El Nacional:
"El socialismo usa las huelgas como instrumento de perturbación, pero el
socialismo no es una necesidad en América. No se pueden admitir las huelgas
porque eso significaría subvertir las reglas del trabajo. Mientras duró el
conflicto, los diarios menos importantes dejaron de publicarse y los más
grandes, como La Prensa y El Nacional, intentaron contratar
tipógrafos en el Uruguay, pero se encontraron con la firme solidaridad de los
trabajadores afiliados al gremio de Montevideo que se negaron, pese a los
elevados sueldos ofrecidos, a reemplazar a sus compañeros argentinos.
La
huelga fue ganada por los obreros y las patronales aceparon volver a los sueldos
originales y reducir la jornada laboral a 10 horas en invierno y 12 en
verano.
Luego
de esa primera experiencia le sucedieron los obreros cigarreros, empleados de
comercio, oficiales albañiles, yeseros, carteros, etc. Sus reivindicaciones
en esos conflictos fueron comunes: aumento salarial, pagos atrasados,
reglamentación de horarios u otras vinculadas a las condiciones de trabajo. Y
en esta primera etapa fueron exitosas un 60% de las huelgas y prácticamente
no intervino el estado para mediar o limitar el conflicto.
Esto se
explica porque la incipiente burguesía industrial no pertenecía a la fracción
de la burguesía terrateniente que detentaba el poder. Por ello los
industriales fundaron en 1887 la Unión Industrial, para defender sus
intereses, y establecieron para ello no reconocer a las organizaciones
obreras y solicitaron al poder ejecutivo que no acepte exigencias colectivas
de obreros de uno o más talleres.
La
década del ’80 fue una de las de más alto índice de ingresos de inmigrantes
al país. Junto con los trabajadores desocupados y los campesinos desplazados
de sus tierras, fueron llegando al puerto de Buenos Aires notables dirigentes
del anarquismo y del socialismo que huían de las persecuciones de los
diferentes gobiernos europeos. Traían consigo su experiencia sindical y
política que compartirían generosamente con los integrantes del incipiente
movimiento obrero argentino.
Entre
1880 y 1901 se multiplican las sociedades de resistencias, se fundan
numerosos gremios, como el de los panaderos, los carreros, conductores de
ferrocarril y cigarreras entre otros. Florece la prensa obrera con sus dos
grandes exponentes La Vanguardia, el periódico socialista fundada en
1894 y La Protesta, la voz de los anarquistas que comienza a editarse
en 1897, y Juan Bautista Justo funda el Partido Socialista.
Hacia
1899 lo novedoso fue la existencia de un desarrollo fabril creciente, que fue
concentrando la mano de obra en grandes talleres y fábricas, facilitando la
organización de los trabajadores. El crecimiento de la actividad gremial y de
la agitación obrera podían percibirse en la gran cantidad de medidas de
fuerza y movilizaciones llevadas adelante por los trabajadores, que
comenzaron a pensar en una central sindical que unificara y le diera más
fuerza a la lucha de la clase obrera en su conjunto.
La idea
se concretó en mayo de 1901 con la creación de la Federación Obrera
Argentina, la F.O.A.,. que nucleaba a la mayoría de los gremios del país.
El
gobierno del general Roca comenzó a preocuparse y promovió la aprobación de
un proyecto de Ley, presentado en 1899 por el senador Miguel Cané. El 22 de
noviembre de 1902 fue aprobada la iniciativa del autor de Juvenilia y
transformada en la Ley 4144, conocida como "de residencia". Esta
norma legal permitía la expulsión hacia sus países de origen de los
extranjeros llamados "indeseables", es decir, los militantes
sindicales y sociales. El ministro del interior Joaquín V. González declaró
que la agitación social en argentina "era producto de un par de
docenas de agitadores de profesión", y que "bastaba eliminar
a éstos para volver a la sociedad a la tranquilidad merecida".
El
movimiento obrero reaccionó enérgicamente y decretó a principios de noviembre
de 1902 a través de la F.O.A., la primera huelga general de la historia
argentina. Los socialistas se opusieron a la medida por considerar que la
huelga general era un acto desmesurado y que bloqueaba cualquier posible
negociación. Esto provocó la fractura de la central sindical. La F.O.A.
continuó en manos anarquistas y los socialistas fundaron la U.G.T. (Unión
General de Trabajadores). La primera de estas agrupaciones representó a 66
sindicatos con 33.895 afiliados y la segunda a 43 gremios con 7.400
afiliados.
Pese a
todo, el acatamiento a la medida fue muy amplio y los puertos y numerosos
establecimientos fabriles quedaron paralizados. El gobierno respondió
decretando el estado de sitio, desatando una violenta represión y lanzando una
gigantesca redada sobre las barriadas obreras. A los detenidos argentinos se
los encarceló y a los extranjeros se les aplicó la flamante Ley de
Residencia.
En 1904
la F.O.A. pasó a denominarse Federación Obrera Regional Argentina (F.O.R.A.).
La F.O.R.A. convocó el primero de mayo de ese año a un acto conmemorativo del
1º de Mayo en la Plaza Mazzini. A poco de iniciada la marcha de las
principales columnas que partían del local sindical, se inició la represión
policial que arrojará un saldo de casi 40 muertos. Las dos centrales
sindicales decretaron la huelga general pidiendo el encarcelamiento de los
responsables. Ante el silencio oficial, el recientemente electo diputado
socialista, Alfredo Palacios interpeló al ministro del Interior, Joaquín V.
González quien dio por toda explicación que esas muertes "tienen como
mortaja la impunidad del silencio".
Al año
siguiente, se produjo la intentona revolucionaria radical y el gobierno
decretó el estado de sitio en todo el país. Esto no amilanó a las centrales sindicales
que decidieron conmemorar en forma conjunta un nuevo aniversario del
ahorcamiento de los mártires de Chicago, ocurrido el 1º de mayo de 1886. El
acto se realizó frente al Teatro Colón. Mientras estaban haciendo uso de la
palabra los oradores, el jefe de Policía, Ramón Lorenzo Falcón, lanzó un
escuadrón de 120 policías a caballo, los famosos cosacos, contra la multitud,
mientras que un escuadrón de bomberos policiales atacó por otro frente. Sobre
la plaza Lavalle quedaron tendidos 4 muertos y más de 50 heridos. Los
detenidos se contaban por centenas.
Pese a
la represión, los despidos arbitrarios y la estricta aplicación de la Ley de
Residencia, crecieron las luchas obreras. En 1907 se dio una novedosa huelga
de los inquilinos. Los habitantes de los conventillos de Buenos Aires,
Rosario, La Plata y Bahía Blanca decidieron no pagar sus alquileres frente al
aumento desmedido aplicado por los propietarios. La protesta expresó además,
el descontento por las pésimas condiciones de vida en los inquilinatos.
Los
protagonistas de estas jornadas fueron las mujeres y los niños que
organizaron multitudinarias marchas portando escobas con las que se proponían
barrer la injusticia.
La
represión policial no se hizo esperar y comenzaron los desalojos. En la
Capital estuvieron a cargo del jefe de Policía, coronel Falcón, quien
desalojó a las familias obreras en las madrugadas del crudo invierno de 1907
con la ayuda del cuerpo de bomberos.
El
gremio de los carreros se puso a disposición de los desalojados para trasladar
a las familias a los campamentos organizados por los sindicatos anarquistas.
Si bien
los huelguistas no lograron su objetivo de conseguir la rebaja de los
alquileres, este movimiento representó un llamado de atención sobre las
dramáticas condiciones de vida de la mayoría de la población.
E 1º de
mayo de 1909 se convocaron dos actos: uno por la F.O.R.A., en Plaza Lorea y
otro por el Partido Socialista, en Plaza Constitución. El primero de ellos
fue duramente reprimido en un operativo a cargo del jefe de Policía, el
coronel Lorenzo Falcón: hubo doce muertos y más de 80 heridos.
Como
consecuencia de los hechos del 1º de mayo de 1909, la F.O.R.A., la U.G.T. y
otros sindicatos constituyeron el Comité Central de Huelga y declararon "la
huelga general por tiempo indeterminado a partir del lunes 3 y hasta tanto no
se consiga la libertad de los compañeros detenidos y la apertura de los
locales obreros" y aconsejaron “muy insistentemente a todos los
obreros que a fin de garantizar el mejor éxito del movimiento se preocupen de
vigilar los talleres y fábricas respectivas, impidiendo de todas maneras la
concurrencia al trabajo de un solo operario".
Así se
inició la "semana roja": 60 mil personas acompañaron los féretros
de los obreros asesinados hasta el cementerio de la Chacarita y fueron
duramente reprimidos por la policía. Ese día más de 220 mil abandonaron su
lugar de trabajo en todo el país, las fábricas cerraron el puerto inactivo y
los ferrocarriles quedaron inactivos.
Durante
toda esta "Semana Roja" la huelga fue total, pese a lo cual el
gobierno ignoró todos los reclamos y confirmó a Falcón en su cargo.
Pocos
meses después, Falcón sería asesinado por un anarquista ruso de sólo 17 años:
Simón Radowitzky.
Tras el
atentado, el gobierno decretó el estado de sitio y detuvo a dirigentes
obreros. Grupos de jóvenes de la oligarquía al grito de "viva la
patria" atacaron e incendiaron locales obreros y las imprentas de La
Protesta y La Vanguardia.
En mayo
de 1910, la oligarquía celebró el centenario de la Revolución de Mayo. Se
organizaron grandes desfiles y una exposición universal. La famosa bailarina
Isadora Ducan bailó el himno Nacional con la bandera argentina por todo
vestuario.
Se
cursaron invitaciones a todos los reyes y gobernantes del mundo occidental
pero sólo aceptó el convite la Infanta Isabel de España.
La
clase dirigente quería exhibir los avances del granero del mundo.
El
movimiento obrero advirtió la gran trascendencia de los festejos y aprovechó
su repercusión en la prensa internacional para dar a conocer la real
situación de los habitantes del país.
La
F.O.R.A. anarquista lanzó una huelga general para la semana de mayo y realizó
una manifestación que reunió a 70.000 personas frente a la penitenciaría de
la calle Las Heras. La gente pidió la liberad de los presos sociales, entre
ellos, Simón Radowitzky.
El
gobierno de Figueroa Alcorta decretó nuevamente el estado de sitio y sancionó
la Ley de Defensa Social, que limitaba seriamente la actividad sindical
prohibiendo el ingreso de extranjeros que hubieran sufrido condenas, y
prohibiendo también la propaganda anarquista. Se estableció que para realizar
actos se debía solicitar permiso a la autoridad y los que no lo hiciesen
podrían ser encarcelados hasta un año.
Pese a
la dura represión, los fastuosos festejos del centenario se vieron afectados
por numerosas huelgas y actos de sabotaje llevados adelante por los
anarquistas.
La
respuesta no se hizo esperar. Grupos nacionalistas que actuaban con total
impunidad atacaron locales y bibliotecas obreras y hasta incendian el circo
de Frank Brown.
El gran
payaso norteamericano había instalado su carpa en Florida y Paraguay. Los
"pitucos" decían que afeaba la ciudad y llenaba esa zona elegante
de gente indeseable. Es que Frank abría su circo a todas las clases sociales
y no cobraba entrada a los niños pobres. El fuego "patriótico"
arrasó también con la alegría infantil.
Pero
las huelgas no se limitaron al ámbito urbano. Las pésimas condiciones
contractuales de arrendamiento de tierras, de los colonos, en su mayoría
inmigrantes, con respecto a los grandes terratenientes, provocó el estallido
de una enorme protesta de los pequeños productores, en la provincia de Santa
Fe, en la colonia de Alcorta, en 1912. El conflicto, que evidenciaba las
necesidades que pasaba el sector, se extendió rápidamente a las provincias de
Buenos Aires y Córdoba. Con la unión de los chacareros disconformes por los
aumentos de los arrendamientos, las condiciones desiguales de
comercialización y la imposibilidad de convertirse en propietarios, surgió la
Federación Agraria Argentina, aún existente, que a diferencia de la Sociedad
Rural, representaba a los pequeños y medianos productores agropecuarios.
El
conflicto, conocido como el Grito de Alcorta, duró tres meses y logró que
algunos propietarios disminuyeran el precio de los arrendamientos.
Durante
el año 1912, en la Capital Federal, hubo 200 huelgas. Un año después más de
150, y los participantes fueron, aproximadamente, cuarenta mil.
Las
condiciones de vida de los trabajadores argentinos empeoraron con el comienzo
de la Primera Guerra Mundial. La reducción de los embarques de cereal
perjudicó al campo. Miles de arrendatarios y obreros rurales debieron
trasladarse a las ciudades en busca de empleo, aumentando la ya importante
masa de desocupados. Esto afectó el nivel de trabajo y redujo notablemente
los salarios. Para completar el dramático cuadro, entre 1916 y 1919, en
Buenos Aires el costo de vida aumentó casi un 100%.
La
llegada de Yrigoyen al gobierno en 1916 despertó grandes esperanzas en los
trabajadores. Los gobiernos conservadores los habían tratado con dureza y
desinterés, haciendo un uso frecuente de las leyes de residencia y de defensa
social para impedir manifestaciones y reclamos.
La
mayoría de los obreros pensaron que con Yrigoyen y un gobierno popular, todo
sería distinto. En un comienzo, la política obrera del radicalismo pareció
alentar esas esperanzas.
Inicialmente,
Yrigoyen extendió su política reformista al plano sindical e intentó una
legislación social más avanzada, que fue bloqueada permanentemente por el
Senado, en manos de los conservadores. Contempló los reclamos de sindicatos
negociadores, como la Federación Obrera Ferroviaria y la Federación de
Obreros Marítimos, que integraban un sector de la F.O.R.A. Su política
sindical fue distinta con los gremios que privilegiaron la huelga a la
negociación, como los frigoríficos y municipales, controlados por anarquistas
y socialistas. En estos casos, como en las huelgas del chaco santafesino,
declaradas por los trabajadores de La Forestal, la de los peones rurales
patagónicos y la de los obreros de Vasena, que desencadenaría la llamada
Semana Trágica, no dudará en reprimir violentamente a los huelguistas.
Fuente: www.elhistoriador.com.ar
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